Inquietud sobre el futuro de la bonificación a los combustibles

A finales del pasado mes de marzo, el Gobierno aprobo unas medidas en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias por la guerra de Ucrania, se incluyó la bonificación de 20 céntimos por litro, que en un principio era para compensar a los secotres económicos más afectados por el alza de los precios de los carburantes, aunque después se acordó su aplicación de forma generalizada tanto a profesionales como a particulares, cuestionandose que la misma llegara íntegra a los consumidores.

En el mes de agosto esta media fue prorrogada y tiene prevista su finalización el próximo 31 de diciembre, fecha que se aprovecha desde diferentes representantes del Gobierno para manifestar la necesidad de modificar su aplicación para que se destine exclusivamente a los sectores más afectados por la subida de los combustibles.

El Gobierno a solo tres semanas de la fecha tope, sigue sin concretar cómo llevará a cabo dicha prórroga, lo que está ocasionando enorme inquietud en el sector del transporte por carretera.

A nivel internacional el precio del petróleo se ha contenido en las últimas semanas, estando todavía a niveles altos, en concreto en el caso del gasóleo de automoción un 31% por encima del que tenía a principios de año, e incluso el 68% superior si lo comparamos con Enero de 2021, con el agravante de que en los próximos meses previsiblemente volverá a encarecerse el diésel como consecuencia de las medidas sancionadoras al petróleo ruso recientemente aprobadas.

Con los precios actuales, la factura anual de combustible que soporta un transportista por cada camión es de aproximadamente 75.000 euros, con un sobrescoste mensual de unos 1.500 euros, de ahí la necesidad de mantener la bonificación al sector para mantener su viabilidad ecónomica.

Además el Gobierno dispone de un instrumento legal para gestionar de forma sencilla dicha bonificación al sector de transporte por carretera a partir de Enero, en concreto a través del mecanismo del gasóleo profesional, lo que permitiría su devolución mensual sin necesidad de que las gasolineras tengan que discriminar su aplicación en función del carácter profesional o particular de sus clientes.