La escalada de los costes energéticos —con un gasóleo disparado que acumula un incremento superior al 40%— mantiene al sector del transporte por carretera en una situación límite. Ante este escenario, la implementación de medidas correctoras ha dejado de ser una opción negociable para convertirse en una obligación legal de carácter automático. El marco normativo actual blinda por fin los derechos de los transportistas, estableciendo de forma clara cómo se debe aplicar la fórm