El rechazo al Decreto Ómnibus: transporte, pensiones, alquileres y medidas sociales en el aire

El Congreso de los Diputados ha dado un **golpe político y social importante al rechazar la convalidación del Real Decreto-ley conocido como decreto Ómnibus. Esta norma, aprobada el 23 de diciembre de 2025 por el Gobierno, pretendía incluir un amplio paquete de medidas económicas y sociales para 2026. Sin embargo, PP, Vox, Junts y UPN votaron en contra, provocando que el decreto decaiga al no ser convalidado por mayoría absoluta.

La caída del decreto tiene efectos directos e inmediatos en distintos ámbitos de la vida económica y social del país, desde el transporte por carretera hasta las pensiones y la política de vivienda. Veamos las principales consecuencias.

Incertidumbre fiscal para transportistas autónomos

Uno de los efectos más palpables se produce entre los transportistas autónomos que tributan en módulos, especialmente en el sector del transporte por carretera. La Ley Ómnibus contemplaba la prórroga del régimen de módulos y el aumento del límite de facturación a 125.000 €, lo que permitía a miles de autónomos seguir tributando por este sistema más sencillo. Al no convalidarse el decreto, más de 30.000 transportistas quedan sin claridad sobre su régimen fiscal para 2026, generando incertidumbre en sus obligaciones fiscales y gestión económica del año.

Pensiones en el aire

Otra de las aplicaciones clave del decreto era la revalorización automática de las pensiones para 2026 (un aumento general del 2,7 %, y mayores alzas en prestaciones mínimas, no contributivas y el IMV). Esta subida, aunque llegó a aplicarse en enero por estar el texto en vigor hasta su rechazo, queda sin respaldo legal para futuras nóminas, lo que podría hacer que las pensiones vuelvan a los niveles de 2025 si no se aprueba una nueva norma a tiempo.

La incertidumbre afecta a más de 10 millones de pensionistas, que no saben aún cómo cobrarán sus prestaciones en febrero y meses siguientes en ausencia de una solución parlamentaria urgente.

Vivienda y protección social: desahucios y suministros

El paquete también incluía medidas relacionadas con la vivienda social y el escudo social, como la moratoria de desahucios para colectivos vulnerables y la prohibición de cortar suministros básicos (agua, luz y gas) a hogares en situación de vulnerabilidad. Con la derogación del decreto, estas medidas también pierden cobertura legal, lo que podría dejar a miles de familias sin protección automática frente a desahucios o cortes de servicios básicos.

Además, se suspenden otros apoyos como las deducciones fiscales por mejoras energéticas en viviendas o los incentivos para coche eléctrico y puntos de recarga.

Otras repercusiones sociales y económicas

La caída del decreto también provoca que queden sin efecto medidas como:

• La prórroga técnico-legal del Salario Mínimo Interprofesional hasta que se apruebe el de 2026.

• Cambios en la gestión del IRPF relacionados con prestaciones por desempleo, que ahora regresan a la regulación anterior, generando confusión para cientos de miles de perceptores.

Conclusión

La negativa del Congreso a convalidar el decreto Ómnibus ha dejado en el aire un conjunto de políticas clave que iban desde la fiscalidad del transporte hasta medidas sociales en pensiones, vivienda y protección de colectivos vulnerables. El resultado es un escenario de incertidumbre normativa y social que afecta a millones de ciudadanos y profesionales.

Aunque algunas medidas, como las ayudas al transporte público, han sido aprobadas por separado, la falta de un marco estable y claro ha generado malestar y preocupación tanto en sectores productivos —como el transporte autónomo— como en colectivos tradicionalmente más vulnerables, como pensionistas o familias en riesgo de desahucio.

El reto ahora para el Gobierno es negociar alternativas legislativas o nuevos textos legales que den certeza y permitan dar continuidad a las medidas clave sin depender de un paquete único que conflija con posturas políticas fragmentadas.