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El Tribunal Supremo anula definitivamente la orden que acorta la vigencia de la ITV



La polémica Orden aprobada en mayo del pasado año para solucionar el colapso en la revisión de las ITV como consecuencia de su cierre durante el estado de alarma, obligó a cientos de miles de vehículos de transporte a pasar la inspección técnica dos veces seguidas en apenas días.


Como se recordará, la Orden aprobada por el Ministerio de Industria planteó un calendario flexible para poder pasar la revisión técnica a todos los vehículos afectados por el cierre de las estaciones de ITV durante el estado de alarma para evitar de este modo que se colapsaran. Sin embargo, la misma Orden incluyó una trampa por la cual, contraviniendo el Real Decreto que regula la inspección técnica de vehículos en España, al pasar los vehículos la revisión se les pone en su ficha técnica, no la fecha del día que acuden a la ITV, sino la de la fecha en que les caducó durante el estado de alarma, recortando de modo sustancial la vigencia periódica para pasar la siguiente.


Esta practica resultaba absolutamente injustificable al no haber ningún motivo técnico o de seguridad que obligue a incumplir el Real Decreto y la Directiva europea que lo regula, más aun cuando por las restricciones en materia de movilidad por el estado de alarma el tráfico de vehículos se redujo hasta en más de un 90%.


En este sentido, el Tribunal Supremo ya dictó un auto de suspensión cautelar el pasado mes de septiembre, promovido a instancias de FENADISMER, admitiendo los argumentos planteados en su día por la federación y que ahora han sido confirmados en la sentencia definitiva hecha pública para decretar su nulidad al entender que en este caso "no están en conflicto un interés público frente a un interés privado, sino solo intereses privados enfrentados: las concesiones de ITV y los titulares de vehículos", añadiendo que "al descontar el periodo de prórroga está acortando (la Administración) el periodo de manera artificial la duración de las ITV, produciendo el efecto de obligar a los particulares a realizar la siguiente operación antes de o previsto".


Cabe recordar que ya el Defensor del Pueblo se manifestó en términos similares, al señalar en su resolución, entre otros argumentos, que carecía de sentido “acortar artificialmente la vida de la última ITV obligando al propietario del vehículo a realizar dos inspecciones seguidas en un corto lapso de tiempo que, en los casos más extremos (como el de los vehículos sujetos a inspección semestral) puede ser solo de unos poco días. Ello evidentemente genera un coste y una carga administrativa para los propietarios de los vehículos afectados sin que esa Administración haya puesto de manifiesto que concurran razones imperiosas de interés general que justifiquen el recorte de la vida legal de las ITV”.




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